En Canadá, Habitat for Humanity desarrolla un programa de vivienda asequible que, en asociación con las familias, busca facilitar el acceso a una vivienda segura y estable. Las familias adquieren las viviendas mediante hipotecas ajustadas a sus ingresos y, con frecuencia, sin pago inicial. Deben participar, además, con “horas de colaboración”, que combinan trabajo voluntario y participación comunitaria. Aunque el programa no tiene un enfoque de género explícito, casi la mitad de las familias beneficiarias son hogares monoparentales encabezados por mujeres. El diseño del programa consiste, a grandes rasgos, de créditos definidos sobre la base de ingresos y eliminación de la cuota inicial. Reconoce de manera implícita que las mujeres enfrentan obstáculos estructurales y sistémicos desproporcionados para acceder a la vivienda, vinculados a ingresos más bajos, trayectorias laborales interrumpidas y una mayor carga de trabajo de cuidados.
Las evaluaciones del programa muestran impactos positivos. En 2025, una evaluación llevada a cabo por Deloitte indica que las personas beneficiarias experimentan mejoras sustantivas en comparación con hogares similares que continúan alquilando: aumento de ingresos, mayor seguridad financiera, mejoras en la salud física y mental, y mejores resultados educativos para las niñas y niños. Estos datos muestran que el acceso a una vivienda estable tiene efectos concretos sobre el bienestar, la reproducción de la vida y las trayectorias intergeneracionales.
Pensar en nuevas políticas, nuevas estructuras, nuevos sistemas que reconozca a las mujeres como sujetos multifacéticos, con proyectos de vida propios, y no solo como entidades cuyas fuerzas productivas (de trabajo, creativas, afectivas, tiempo) se usufructúan para sostener al mismo orden que las explota y excluye
El programa, entonces, tiene efectos positivos tangibles sobre la población beneficiaria, que incluye a un número significativo de mujeres. Al priorizar mujeres y familias monoparentales, Habitat reconoce que la desigualdad en el acceso a la vivienda es estructural y redistribuye activos hacia personas históricamente excluidas de la acumulación patrimonial. A su vez, confirma que la estabilidad habitacional reduce la exposición a mercados de alquiler precarios y libera tiempo y energía que hoy se consumen en la gestión de la inseguridad cotidiana. No obstante, señalaré tres limitaciones del programa, no tanto para descalificarlo, sino porque abren campos de reflexión que nos pueden ayudar a imaginar políticas de acceso a la vivienda que beneficien a las mujeres más allá de la mera redistribución de activos o de su inclusión en sistemas diseñados para usufructuar su fuerza laboral y sus fuerzas vitales. Quiero, más bien, pensar en nuevas políticas, nuevas estructuras, nuevos sistemas que reconozca a las mujeres como sujetos multifacéticos, con proyectos de vida propios, y no solo como entidades cuyas fuerzas productivas (de trabajo, creativas, afectivas, tiempo) se usufructúan para sostener al mismo orden que las explota y excluye.
La primera es la ausencia de un enfoque de género explícito. En la medida en que el género no opera solo como una categoría descriptiva, sino como una relación estructural de poder que organiza la vida —incluyendo la deuda, el trabajo de cuidados y el acceso a la vivienda—, un mandato de género explícito no solo visibiliza quiénes son las principales afectadas por la crisis habitacional, sino que redefine el problema político que la política intenta resolver. Nombrar el género es una toma de posición: permite desplazar el foco desde la mera inclusión en un mercado que se sostiene en la vida, los tiempos y los trabajos de las mujeres, hacia la transformación de las condiciones que precarizan sus vidas.
La segunda limitación, a la luz de lo anterior, es la centralidad de la propiedad y de la deuda como horizonte casi exclusivo. Una política de vivienda centrada en las mujeres implica ir más allá de la vivienda como infraestructura y de la propiedad individual como solución. Supone cuestionar la deuda como condición de acceso, especialmente cuando esta ha funcionado históricamente como una herramienta para disciplinar a los cuerpos mujeres (y sus comportamientos y sus vidas). Me pregunto entonces: ¿Qué formas de acceso serían posibles si la estabilidad no dependiera de hipotecar el futuro? ¿Qué pasaría si la vivienda se pensara como un derecho colectivo y no como un activo individual?
¿Cómo diseñar políticas que no solo no agreguen carga, sino que devuelvan tiempo? ¿Qué significaría una política habitacional que reconozca el derecho de las mujeres al descanso, al ocio, al tiempo propio?
La tercera limitación tiene que ver con el componente de “participación comunitaria”. A primera vista, las “horas de colaboración” pueden leerse como creación de redes y fortalecimiento comunitario. El programa, entonces, no cuestiona el uso desigual ni la desvalorización del tiempo de las mujeres ni del trabajo no remunerado que realizan. En la práctica, agrega aún más trabajo no remunerado para mujeres que tienen ya una sobrecarga de tareas vinculadas al cuidado y a la vida comunitaria. Una política que busque beneficiar a las mujeres no puede reposar en la extracción de su tiempo, ya sea bajo la forma de cuidados, trabajo comunitario o “participación” no remunerada. En este caso me pregunto: ¿cómo diseñar políticas que no solo no agreguen carga, sino que devuelvan tiempo? ¿Qué significaría una política habitacional que reconozca el derecho de las mujeres al descanso, al ocio, al tiempo propio?
Pienso, junto a otras feministas utópicas y materialistas, que una política de vivienda debe imaginar a la vivienda más allá de la infraestructura e integrar elementos que contribuyan a la estabilidad de la vida. Entre ellos, espacios compartidos, economías colectivas y redes intergeneracionales. Pero también el respeto y la valoración del tiempo de las mujeres, no como recurso invisible a extraer, sino como condición necesaria para una vida vivible, incluyendo el derecho al tiempo libre. A partir de aquí, me interesa explorar iniciativas que ensayan maneras de incorporar estas dimensiones en las comunidades y en las vidas de las mujeres: de dónde parten, cómo funcionan, cuáles son sus impactos y qué estéticas proponen y/o producen. Y, quizás, también abrir el espacio para imaginar alternativas propias.
Mariana Barreto Ávila es responsable de contenidos internacionales Posibilita, Doctora en español y portugués por Northwestern University y multi-lingual social researcher.