MADRID. — Tener empleo y estudios superiores ya no es un escudo contra la pobreza si eres familia monomarental en España. Para la inmensa mayoría de la ciudadanía, la vivienda es un problema; para las familias encabezadas por una sola persona y en —las mujeres lo encabezan en más del 81% —, se ha convertido en una vía directa a la precariedad. Esta es la conclusión principal del estudio Monomarentalidad y Vivienda 2025, presentado por la Federación de Familias Monomarentales (FAMS). El informe, basado en una encuesta a casi 500 mujeres y datos oficiales, pone cifras a una realidad invisible: el 81,1% de estos hogares sufre sobrecoste en la vivienda, una carga financiera que empuja a más de la mitad (50,3%) de estas familias al riesgo de pobreza o exclusión social. La matemática de la desigualdad “elegir entre calefacción o alquiler”.
El estudio revela que la monomarentalidad opera como un factor estructural de vulnerabilidad. La raíz del problema es una brecha económica insalvable: mientras un hogar con dos progenitores ingresa una media de 41.339 € anuales, una familia monomarental debe sobrevivir con 29.253 € según datos de la encuesta de presupuestos familiares (INE 2023) recogidos en el informe, un 45% menos. Esta diferencia es letal en el mercado inmobiliario actual. El 60% de las familias monomarentales destina más del 40% de sus ingresos solo a pagar el techo bajo el que duermen, cruzando la línea roja del riesgo financiero recomendada por las instituciones. La asfixia es tal que el 56,7% de estas familias no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos y muchas se ven obligadas a pedir ayuda a familiares o a personas su entorno para pagar la hipoteca o el alquiler.
El «casting» del alquiler: «No queremos menores». Buscar piso se ha convertido en una carrera de obstáculos donde el «no» es la norma. Casi la mitad de las encuestadas (49,4%) asegura haber sufrido dificultades extra para acceder a una vivienda por el simple hecho de ser una familia monomarental
El «casting» del alquiler: «No queremos menores». Buscar piso se ha convertido en una carrera de obstáculos donde el «no» es la norma. Casi la mitad de las encuestadas (49,4%) asegura haber sufrido dificultades extra para acceder a una vivienda por el simple hecho de ser una familia monomarental. El informe detalla las razones de esta discriminación en el mercado privado:
- El estigma del sueldo único: El 77,12% señala que se les rechaza por disponer de un solo salario.
- Exigencias desproporcionadas: Al 47% se les exigen garantías adicionales o avales abusivos que no pueden asumir.
- Rechazo a la infancia: Un dato alarmante es que el 22,88% afirma haber sido rechazada directamente por tener menores a cargo.
Esta hostilidad empuja a las familias hacia un mercado más precario: el 24% vive de alquiler (frente al 17% de la media nacional) y casi un 9% depende de casas cedidas o situaciones de ocupación. La trampa burocrática y la «Violencia Institucional». Uno de los hallazgos más críticos del estudio es lo que FAMS Federación de familias monomarentales califica como «violencia institucional». Ante la imposibilidad de pagar un piso entero, el 27,5% de las madres se ve obligada a compartir vivienda con personas ajenas a su núcleo familiar (familiares, amigas/os o personas desconocidas). Aquí se activa la trampa: la administración suele calcular las ayudas basándose en la «unidad de convivencia» (todos los que viven en la casa) y no en la «unidad familiar» (madre y menor a cargo). Al sumar los ingresos de todas las personas convivientes (que a menudo son forzosos) muchas madres pierden el derecho a becas, bonos sociales o el Ingreso Mínimo Vital, a pesar de seguir siendo pobres. “Es una discriminación por indiferenciación«, denuncia el informe, señalando que se penalizan las estrategias de supervivencia de las familias más vulnerables.
- ¿Por qué compartir piso te quita la beca?
- Imagina una madre que gana 800€ y comparte piso con una amiga que gana 1.200€ para poder pagar el alquiler.
- La realidad: La madre sigue siendo pobre.
- Para la Administración: Como viven juntas, a veces suman los ingresos (800+1.200 = 2.000€).
- El resultado: La administración deniega la ayuda o beca comedor porque «la unidad de convivencia» supera el umbral de renta, ignorando que esa amiga no mantiene a los menores a cargo de la madre. Esto es lo que la FAMS Federación de familias monomarentales pide cambiar urgentemente.
Pobreza energética y salud en riesgo
La precariedad habitacional tiene consecuencias directas en la salud física. El estudio destapa una grave situación de pobreza energética: el 54,55% de las familias no puede calentar su hogar adecuadamente en invierno por miedo a la factura. Además, el acceso a viviendas de peor calidad (bajos, sótanos o entreplantas) expone a estas familias a condiciones insalubres. La mitad de quienes viven en estos pisos reporta problemas de humedades, y en el 41,18% de los casos, estas condiciones han afectado directamente a la salud de algún miembro de la familia.
Urgencia de una Ley Estatal
FAMS Federación de familias monomarentales concluye que la vulnerabilidad no es inherente al modelo de familia, sino al vacío legal que lo rodea. Para revertir esta situación, el estudio reclama medidas urgentes:
- Aprobar una Ley Estatal que defina y unifique derechos y acabe con la desigualdad territorial.
- Sustituir el criterio de «unidad de convivencia» por el de «unidad familiar» en las ayudas públicas.
- Dar prioridad a estas familias en el acceso a vivienda pública y limitar las garantías abusivas en el alquiler privado.
Al final, la exclusión no es solo un concepto burocrático, se respira en las paredes. El informe recuerda que muchas de estas familias, expulsadas del mercado digno, acaban viviendo en bajos y sótanos interiores. Allí, el 41% reporta que las humedades ya han enfermado a alguno de sus miembros. Para estas madres, la falta de una Ley de Vivienda justa no es un debate político, es una cuestión de salud pública.
Las caras del «No»: Radiografía de la discriminación inmobiliaria
La encuesta realizada por FAMS revela que la exclusión no es una sensación, sino una estadística. Para una familia monomarental, la búsqueda de piso se convierte en una carrera de obstáculos donde los requisitos estándar del mercado actúan como filtros excluyentes. Estas son las principales barreras que reportan las madres encuestadas:
- El estigma del sueldo único (77,1%) Es el muro principal. Tres de cada cuatro madres señalan que se les rechaza por disponer de un solo salario. Los arrendadores perciben el hogar monomarental como «financieramente inestable» frente a la pareja tradicional, independientemente de la solvencia real de la mujer.
- La «tasa» de la desconfianza (47%) Casi la mitad de las encuestadas, denuncia que se les exigen garantías adicionales desproporcionadas. Al no encajar en el perfil ideal de las personas arrendatarias, las personas arrendadoras intentan blindarse solicitando requisitos que no pedirían a otros perfiles.Fianzas y avales inalcanzables (36% y 34%) La asfixia es financiera antes de firmar. El 36% se topa con la barrera de fianzas excesivas (varios meses por adelantado) que no pueden asumir sin capacidad de ahorro. Además, un 33,9% pierde el piso por no disponer de avalistas externos que respalden su contrato.
- Rechazo explícito a la infancia (22,9%) «No queremos personas menores». Casi una de cada cuatro madres afirma haber sido descartada directamente por tener menores a cargo. Este dato refleja el temor de las personas arrendatarias a la supuesta protección legal de menores en caso de impago, lo que paradójicamente deja a la infancia en mayor desprotección.
- Violencia Institucional: El agotamiento de dar explicaciones (43,2%) Más allá del dinero, existe una barrera psicológica y burocrática. El 43,2% de las madres describe como discriminatorio el tener que «explicar continuamente su condición» familiar. Deben justificar su modelo de vida, dar detalles íntimos o pedagógicos sobre su monomarentalidad solo para ser consideradas candidatas válidas o para acceder a derechos que ya tienen reconocidos.
Área Estudios – FAMS/Familias Monomarentales creada en 2019, gracias a la financiación del entonces Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social con el fin de analizar la realidad de las familias monomarentales, estudiar las situaciones de discriminación que sufre este modelo familiar y así proponer y apoyar las reivindicaciones que desde FAMS se llevan a cabo.