Se llama Cea Weaver y es la directora ejecutiva de vivienda del flamante nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. A sus 36 años Weaver tiene una larga trayectoria en la lucha por la vivienda en la ciudad estadounidense, donde Mamdani ganó las elecciones el pasado noviembre, gracias a un programa donde ponía en el centro un plan enfocado en la asequibilidad, entre cuyos cuatro propuestas principales estaba el congelamiento de los alquileres. Los primeros días en su cargo no fueron fáciles para Weaver, su perfil militante y su apoyo a medidas como la huelga de alquileres, le han granjeado la enemistad de la derecha, que ha indagado hasta en sus tuits de juventud, rescatando lo que consideran afirmaciones polémicas: en un post afirmaba que la propiedad privada debía ser tratada como un bien colectivo y en otro relacionaba el excluyente sistema inmobiliario y el supremacismo blanco. Ante la exigencia de apartar a Weaver de sus funciones, Mamdani se ha mostrado firme y la ha apoyado.
Weaver se formó políticamente en la organización Housing Justice for all, una coalición de organizaciones integradas por personas inquilinas y sin hogar. No es el primer caso en el que una activista prominente de grupos pro derecho a la vivienda acaba en el ámbito institucional, el ejemplo de la conocida activista de la PAH Ada Colau, quien ocupó la alcaldía de Barcelona entre 2015 y 2023, es uno de los primeros referentes que vienen a la mente. En 2021, la abogada de la PAH Alejandra Jacinto también optó por sumarse a la lista de Unidas Podemos para la Asamblea de Madrid. Fuera de iniciativas electorales (al menos de momento), en 2024, emergía otra potente portavoz femenina como imagen de la lucha contra los alquileres abusivos, estando ya las rentas el centro del debate sobre el derecho a la vivienda. Se trataba de la joven Valeria Racu, del Sindicato de Inquilinas, que, como Weaver y su Housing Justice for All, apuesta por acciones como la huelga de alquileres.
Ni la medida de dejar de pagar masivamente la renta, como forma de presión ante caseros extractivistas, ni el hecho de que el movimiento por el derecho a la vivienda se vea encabezado por mujeres, son una novedad. Como afirma Josefina L. Martínez en su artículo de 2020: “Ni una menos sin vivienda: el feminismo y la lucha por un espacio para habitar”, las mujeres han sido fundamentales históricamente en el movimiento por el derecho a la vivienda, tanto en los lugares de liderazgo, como, de manera menos visible, en la cotidianeidad de los pulsos contra el abuso inmobiliario.
Una historia de rebelión
Las primeras grandes huelgas de alquiler en el estado español arrancan hace ya más de un siglo: en 1905 fueron las localidades bilbainas de Barakaldo y Sestao, las que acometieron una de estas acciones, que tuvieron un gran efecto económico. Las mujeres optaron por la acción directa llamando a la gente a proteger las viviendas que se iban a desahuciar. La represión estuvo a la altura del desafío que supusieron estas huelgas, declarándose el estado de guerra. El 12 de abril de 1931, cuando España votaba en las elecciones que llevaron a la Segunda República, la CNT preparaba las bases para organizar una gran movilización por la vivienda en Barcelona. La idea seguía un ciclo de protestas comenzado semanas antes, en denuncia de las subidas de renta que dejaban a la clase trabajadora asfixiada: grandes sectores de la población que tenían, además, que lidiar con el desempleo y el encarecimiento de los bienes básicos. Pocas semanas después de las elecciones, el 7 de mayo, las personas que vivían en el barrio de Ferrer i Guardia, conocido como el de Casas Baratas en Barcelona, se declaraban en huelga de alquiler, una acción encabezada por las mujeres. El objetivo, dejar de pagar alquileres que consideraban abusivos y lograr una reducción del 40% de la renta. En agosto ya se habían sumado más de cien mil inquilinos a la huelga. La revuelta fue reprimida con dureza por propietarios e instituciones, lo que no consiguió apagarla durante la Segunda República, conquistando algunos avances y posibilitando la creación de una potente red de apoyo mutuo vecinal.
En la transición, en la época más activa del movimiento vecinal, en el que las mujeres jugaron un papel protagonista no siempre visibilizado, eran vecinas del barrio madrileño de Villaverde quienes al grito de: “Queremos pisos. Nos come la humedad y hasta los bichos”, se plantaron ante el ministerio de Transportes y Comunicaciones
Ya en la transición, en la época más activa del movimiento vecinal, en el que las mujeres jugaron un papel protagonista no siempre visibilizado, eran vecinas del barrio madrileño de Villaverde quienes al grito de: “Queremos pisos. Nos come la humedad y hasta los bichos”, se plantaron ante el ministerio de Transportes y Comunicaciones. Aquel invierno de 1977, las fuertes lluvias arrasaron con las viviendas precarias y chabolas en las que estas mujeres habitaban con sus familias.
Un vistazo al mundo
La vulnerabilidad en la que se ven las familias ante la avaricia de quienes hacen su fortuna a costa de la necesidad humana de un techo bajo el que resguardarse, es un continuo histórico que ha obtenido en diversos lugares del mundo su respuesta. La huelga de inquilinas de la ciudad de Buenos Aires, en el popular barrio de La Boca, en 1907, cuando las vecinas organizaron acciones como la “huelga de las escobas”, con mujeres y niños marchando con sus escobas para “barrer a los caseros”, es una ilustrativa muestra de este pulso. En aquella ocasión, madres de familias inmigrantes se defendían de los policías tirando agua hirviendo desde las ventanas de los conventillos. Frente a la represión, que incluyó fuego real contra la gente, las mujeres se organizaban en los patios comunes para responder.
Cuando la policía llegó al desahucio, las vecinas impidieron su paso. A partir de ese momento, y con la ayuda de la Asociación de Mujeres por la Vivienda de Glasgow, las mujeres se organizaron para responder cuando veían desde sus hogares una amenaza de desahucio
En Escocia, un pulso similar se repetía en 1915. En marzo de aquel año, una mujer resistió al desalojo de su casa. Su caso, y el de muchas otras mujeres amenazadas de desahucio, agitó la indignación general, pues los esposos, padres o hermanos se hallaban en el frente de la Gran Guerra. Así, cuando la policía llegó al desahucio, las vecinas impidieron su paso. A partir de ese momento, y con la ayuda de la Asociación de Mujeres por la Vivienda de Glasgow, las mujeres se organizaron para responder cuando veían desde sus hogares una amenaza de desahucio. Avisaban sonando una campana y salían a la calle perpetradas de alimentos podridos, harina o trapos mojados para detener a las autoridades.
Tras aliarse con los trabajadores de astilleros y otras industrias, también repetidamente en huelga, la movilización de las inquilinas de Glasgow, tomó mucha fuerza. En noviembre ya había 20 mil hogares en huelga de alquiler. Cuando varias huelguistas comparecieron ante los juzgados los acompañó una gran manifestación. La movilización dio sus frutos, mientras las personas acusadas fueron declaradas inocentes, consiguieron que una nueva ley limitara la subida de alquileres.
Personas racializadas, familias monomarentales y migrantes
Volviendo a la nueva encargada de vivienda de la ciudad de Nueva York, a pesar de la polémica suscitada, Weaver no estaba muy desencaminada cuando relacionaba vivienda y supremacismo blanco. La propiedad inmobiliaria refleja en gran medida la desigualdad racial, padeciendo especialmente las personas racializadas o los colectivos migrantes, las consecuencias de un régimen de vivienda hostil. Otro colectivo particularmente afectado, es el de las familias monomarentales, que no cuentan con ingresos suficientes para sostener un hogar en las condiciones dadas por un sistema de mercantilización de la vivienda. Por ello, estos colectivos han ocupado un lugar central históricamente en la lucha por un alojamiento digno.
Un referente histórico de la lucha de las personas racializadas en este marco, es la británica Olive Morris, quien se implicó en el movimiento por el derecho a la vivienda de las comunidades negras en Reino Unido, allá en los años setenta, movilizándose al lado de mujeres negras británicas como ella. Miembro de las Panteras Negras, Morris fue una de las fundadoras de la organización de mujeres de ascendencia asiática y africana. Frente a las dificultades que estas comunidades tenían para acceder a un techo, Morris apostó por el movimiento ocupa: junto a sus compañeras tomaron una residencia privada en Brixton que se convertiría en refugio para mucha gente y centro de organización. Años después, al otro lado del Atlántico, la municipalidad de Montevideo apoyaba un proyecto pionero para facilitar el acceso a la vivienda de familias monomarentales. Corría 1990 y la iniciativa MUJEFA reciclaba edificios públicos en desuso habilitando viviendas para familias con pocos recursos, entre ellas, aquellas formadas por mujeres solas con niñas y niños a cargo. La propuesta contaba con una mirada feminista: de un lado, se buscaba que las viviendas estuvieran céntricas para facilitar la conciliación entre el empleo y los cuidados. Por otro lado, MUJEFA se inclinó por el régimen de cooperativa.
Por esos mismos años, también en el hemisferio Sur pero en otro continente, se fundaba la SMAK (Single Mothers association in Kenya), una organización formada en 1991 en la que madres de familias monomarentales se juntaron para defender su derecho a permanecer en la urbanización Ziwani, un complejo de propiedad pública en Nairobi del que se las quiso echar para atraer a sectores más pudientes de la sociedad. Estas mujeres que suponían la segunda generación respecto a las familias que fueron las beneficiarias originales de las casas, contaron con el apoyo de la academia, de la sociedad civil y hasta de las Naciones Unidas, para preservar los espacios históricos de la comunidad. En 2019, el plan de “Proyecto de Vivienda Asequible” de Kenya, que busca remodelar Ziwani, puso de nuevo en alerta a esta organización, que lucha para que los planes urbanísticos no amenacen la continuidad de las viviendas sociales en la zona.
Las madres deciden ocupar casas en un edificio cercano exigiendo que se les realoje a un precio asequible en la ciudad, ante la sugerencia del ayuntamiento de buscar alquileres privados más baratos en otras poblaciones, algo a lo que se negaron al grito de “social housing, not social cleansing”
Son también familias monomarentales las que se organizan en torno a Focus E15, un movimiento de madres que se articula en 2013 en Londres, cuando se clausuran las viviendas sociales en las que vivían. Ante esta situación, las madres deciden ocupar casas en un edificio cercano exigiendo que se les realoje a un precio asequible en la ciudad, ante la sugerencia del ayuntamiento de buscar alquileres privados más baratos en otras poblaciones, algo a lo que se negaron al grito de “social housing, not social cleansing”. Durante la ocupación, que duró dos semanas, las mujeres abrieron el espacio a debates y actividades culturales, visibilizando las dinámicas de expulsión urbanas. La organización aún existe y continúa su lucha.
Las mujeres migrantes, que no cuentan en muchos casos con una red familiar que las sostenga cuando se ven con dificultades en el acceso y mantenimiento de un hogar, son también actores importantes en el movimiento de vivienda. Como activistas, sin embargo, en un marco de creciente xenofobia y violencia institucional contra las personas de origen extranjero, pueden acabar pagando un alto coste. Es el caso de quien ha devenido una figura emblemática del movimiento de inquilinas e inquilinos en Italia. Madalina, una joven de origen rumano que residía en Roma desde hacía más de diez años, y era una participante muy activa del movimiento BPM (blocchi precari metropolitani), pagó su visibilidad con la expulsión del país en 2019. La sentencia por la que se le invitaba a dejar el país sugería que la activista suponía un riesgo para el orden público y que no se había integrado positivamente en la sociedad italiana. El destierro sufrido por esta joven da una idea de cómo el compromiso de las mujeres con la lucha por la vivienda es capaz de poner en jaque el extraño consenso capitalista de que la propiedad privada está por encima del derecho a la vida, un consenso que a lo largo de las décadas ha sido especialmente cruel con las mujeres, mujeres que lejos de ser víctimas indefensas se han constituído en un sujeto político dispuesto a sostener el pulso contra un mercado inmobiliario deshumanizado.
Sarah Babiker es colaboradora en contenidos Posibilita, periodista y antropóloga especializada en desigualdad.