Históricamente, ser madre soltera no ha sido fácil. Hasta décadas muy recientes, quien afrontaba una maternidad en solitario debía hacerlo bajo el estigma moral, y en disidencia con el imaginario de lo que sería una familia completa. En este avanzado siglo XXI, el discurso y la mirada social han rebajado en cierta medida el trato punitivo a este tipo de estructuras familiares. Pero la existencia de estas familias sigue resultando más difícil que la de las familias biparentales, siendo lo material lo que ahoga: un coste de la vida cada vez más alto y la dificultad para acceder a un hogar.
“Las familias monomarentales se hallan en un difícil equilibrio entre tres ejes básicos: empleo, conciliación y vivienda; porque si alguno de ellos falla, las familias se encuentran expuestas a una situación de vulnerabilidad social, lo cual evidencia la falta de políticas públicas”. Así presenta el contexto la Federación de Asociaciones de Madres Solteras (FAMS) que en 2025 publicaba el informe Monomarentalidad y Vivienda: Análisis habitacional de la realidad de las jefas de familia. El documento pone en el centro algo que es evidente: con un solo salario es muy difícil afrontar los gastos de una familia. Y esta dificultad se traduce en asfixia económica. Según recoge el estudio, las rentas anuales medias de las familias monomarentales “son un 45% inferiores a las de los hogares biparentales (29.253,00€ frente a 41.339,00€)”. Así, seis de cada diez madres “destina más del 40% de sus ingresos al pago de la vivienda, incurriendo en lo que técnicamente se denomina «sobrecoste de vivienda»”.
La FAMS recuerda que si bien las estadísticas hablan de 1.944.800 de familias monoparentales en el Estado español (con el 81% de ellas con una mujer como único progenitor) el número podría ser superior, pues la estimación parte de unidades de convivencia, quedando no registradas aquellas familias que comparten vivienda con otros familiares o terceras personas. En un país donde tener hijas o hijos a cargo se traduce en empobrecimiento para las familias, en el caso de las monomarentales, los números son significativamente más negativos: según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2024, estas últimas tienen rentas 45% inferiores a las biparentales, y el riesgo de exclusión social afecta al 50,3%, frente al 28,3% de las familias que cuentan con dos personas adultas.
Muchas madres solas se ven obligadas a buscar formas alternativas para disponer de un techo, como el alquiler de habitaciones o la ocupación. Son soluciones informales y precarias que pueden ocasionarles otros problemas, especialmente la imposibilidad de empadronarse, con lo que esto implica a la hora de acceder a derechos sociales como la educación, la sanidad, o las ayudas económicas
Ante un mercado de la vivienda inaccesible con un solo salario, muchas madres solas se ven obligadas a buscar formas alternativas para disponer de un techo, como el alquiler de habitaciones o la ocupación. Son soluciones informales y precarias que pueden ocasionarles otros problemas, especialmente la imposibilidad de empadronarse, con lo que esto implica a la hora de acceder a derechos sociales como la educación, la sanidad, o las ayudas económicas. Además, la necesidad de hacerse cargo en solitario de niñas y niños limita las posibilidades de acceso al mercado laboral con jornadas completas, lo que supone una merma en sus economías.
En base a una encuesta realizada a casi 500 madres, la FAMS estima que el 81% de las familias afronta “sobrecoste de vivienda”: “lo que significa que más de la mitad (56,7%) no puede hacer frente a gastos imprevistos; por otro lado, el 21,30% acumula retrasos en los pagos de facturas o alquiler. Como consecuencia, el 26,70% no puede mantener su hogar a una temperatura adecuada durante el invierno”. Incrementa esta vulnerabilidad el hecho de que el 24% de estas familias esté en régimen de alquiler, una estadística que supera ampliamente la media general (de un 17%), mientras que un 8% se encuentra ocupando o viviendo en casas cedidas por terceros. Esta situación expone a estas familias a la inestabilidad habitacional, incluyendo amenazas de desahucio. “En conjunto, la probabilidad de que un hogar monomarental caiga en una situación de exclusión residencial se estima en un altísimo 60,6%”, explica el estudio.
Además de los límites evidentes que supone ingresar menos dinero que una familia biparental, la dependencia de un único salario genera toda una serie de obstáculos para quienes se ven obligadas a alquilar: las mujeres también señalan que se les exige presentar un número mayor de garantías, o que se les hace imposible en muchos casos cubrir las fianzas exigidas o cumplir con los avales que se les requiere. A esto hay que añadir que más de una de cada cinco de las madres encuestadas se encontraron con el hecho de que tener menores a cargo las penalizaba ante arrendadores que preferían otro tipo de perfiles.
La turistificación contra las madres
Nada de esto suena ajeno a Lucía Cuesta de AFAMO (Asociación de Familias Monomarentales de Valencia), que ve esta realidad encarnada, cotidianamente, entre las madres que forman parte del colectivo y que piden asesoramiento ante una de las situaciones que les parecen más problemáticas, la de la vivienda. El problema común es, de nuevo, fácil de identificar: estas familias cuentan con un único salario. Las experiencias sin embargo son heterogéneas: “teniendo en cuenta que aquí en la Comunidad Valenciana se nos aplica en la compra el impuesto de patrimonio de un 4% en vez de un 10%, la gente lo intenta y algunas lo consiguen, pero estamos hablando de rentas altas, rentas a partir de veintipico mil, treinta mil euros. Ahí entonces aún se arriesgan. Pero con rentas más bajas las madres se van al alquiler”.
También, tienen problemas para acceder a viviendas de protección oficial, pues, aclara, por su estructura familiar se les permite normalmente solicitar casas de dos habitaciones, pero “aquí en Valencia se hacen viviendas de tres o de una, con lo cual las de dos habitaciones están muy solicitadas y no llegamos a obtener puntos para esas viviendas
Y es aquí donde se está abriendo el abismo, explica Cuesta, muchas familias que están pagando cuatrocientos o quinientos euros se ven ahora presionadas porque los caseros saben que pueden sacar mucho más dinero con vivienda turística o temporal, e intentan, entre otras estrategias, no recibirles la mensualidad para poder echarlas por impago. También, tienen problemas para acceder a viviendas de protección oficial, pues, aclara, por su estructura familiar se les permite normalmente solicitar casas de dos habitaciones, pero “aquí en Valencia se hacen viviendas de tres o de una, con lo cual las de dos habitaciones están muy solicitadas y no llegamos a obtener puntos para esas viviendas”.
Aquellas que necesitan entrar al mercado de alquiler ahora, se ven sobrepasadas. De un lado el hecho de tener un solo salario les penaliza a ojos de los propietarios, pues en caso de quedarse sin trabajo la unidad familiar pierde los ingresos. Por otro lado, está la cuantía de las nóminas: “como tu sueldo no es mayor de 1.000 € en en el 90% de los casos de las familias monoparentales, porque además eligen trabajar a media jornada para poder conciliar con la vida escolar de sus hijos, no se pueden permitir vivir en una casa solas, con lo cual acaban pagando 400, 500 e incluso 700 € por una sola habitación en un piso compartido, con las consecuencias que esto conlleva con las ayudas”. Y aquí llegamos a una nueva problemática, las medidas de protección social que toman como referencia la unidad de convivencia en lugar de la unidad familiar: “Para pedir una ayuda te piden el padrón colectivo en el cual cuentan todos los que viven en esa casa, aunque no tengas relación familiar con ellos, y eso te limita para poder conseguir un alquiler social”.
“El tema de la vivienda te consume”
Era el año 2020 cuando Viviana, residente en Madrid, sintió que no podía seguir sosteniendo la convivencia con su ex pareja y decidió irse, pasando a asumir el cuidado y el sostén económico completo del que por entonces era su único hijo. Cuando quiso dar ese salto, se topó con la imposibilidad de encontrar un alquiler que se pudiera permitir, hasta que una persona le hizo una oferta asequible. La transacción se ejecutó sin ni siquiera llegar a ver a su arrendadora, y al poco de estar en el nuevo piso, Viviana descubrió que el inmueble se hallaba bajo orden de desahucio.
“Se me juntó eso con la Filomena y fue un horror. Empecé a llamar a un abogado por teléfono. Me dijo que no tenía nada que hacer y que tenía que salir de la vivienda. Y en esto que buscando en internet con lágrimas en los ojos, encontré a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca”. Aquella llamada sí le sirvió, le contestó alguien que, tras tranquilizarla, le invitó a buscar las escrituras de la casa. Fue ahí cuando descubrió que el piso era del Sareb, lo que después de todo, era una buena noticia. La PAH de Usera le apoyó para ir a juicio y consiguió quedarse con un alquiler social. Porque, insiste, ella quiere pagar un alquiler, pero es imposible que lo haga a precio de mercado.
Madre de un niño de once años y una niña que va a cumplir tres, no consigue optar a trabajos de ocho horas. De un lado está que los empresarios, considera, no quieren este tipo de perfiles que pueden faltar más en caso de que sus hijos se enfermen y otros imprevistos. Por otro lado, si trabajara ocho horas, tendría que contratar a alguien que se hiciera cargo de sus hijos, algo económicamente inviable. “Así que, ahora mismo, yo trabajo una media jornada, y sinceramente, con esto voy tirando, porque a mí hasta el ingreso mínimo me lo denegaron”. La razón de que se lo hayan denegado parece tener que ver con la demostración de la unidad de convivencia, aunque no tiene claro en qué radica el problema, pues hasta la funcionaria de la Seguridad Social que la atendió la tercera vez que metió los papeles, le dijo que estaba todo correcto, explica.
Sin ayudas y con una media jornada, las estrecheces económicas se sienten a la hora de mantener a dos hijos, que a medida que se hacen más mayores necesitan más cosas. Pero a Viviana lo que más le angustia es la vivienda, pues el alquiler social no es indefinido, y cuando éste se acabe, tendrá que enfrentarse de nuevo a un mercado imposible
Sin ayudas y con una media jornada, las estrecheces económicas se sienten a la hora de mantener a dos hijos, que a medida que se hacen más mayores necesitan más cosas. Pero a Viviana lo que más le angustia es la vivienda, pues el alquiler social no es indefinido, y cuando éste se acabe, tendrá que enfrentarse de nuevo a un mercado imposible. “Muchas veces yo digo, si una vivienda pudieras tener la opción de comprarla, sería mucho mejor. Estarías en tu casa, podrías organizarte mejor. Pues con el alquiler social también estás con la ansiedad de que va a llegar un momento en el que te tengas que ir”.
Y esa ansiedad derivada de la inestabilidad residencial, hace mella en la vida de las mujeres: “el tema de la vivienda te quita la vida, te consume, es una tristeza. Es muy duro pensar que en algún momento puede llegar una orden de desahucio, que vas a tener que decirle a tus hijos que nos van a echar de nuestra casa”. Según la encuesta de la FAMS, el 29,93% de las familias entrevistadas tuvieron que cambiar de vivienda por no poder afrontar económicamente el gasto, entre ellas, el 75% llegaron a estar bajo amenaza de desahucio, y en el resto de los casos, el 25%, fueron directamente desahuciadas.
“Es todo muy frustrante”
Alicia cuenta con una perspectiva histórica e intergeneracional de lo que supone la exclusión habitacional. Al frente de una familia monomarental, a sus 65 años ya es abuela. En 2008 sufrió el primer revés inmobiliario. Junto a su hijo, habían conseguido comprar una vivienda, pero con el pinchazo de la burbuja, su banco la vendió a un fondo buitre que no les concedía ni siquiera un alquiler social. Con la ayuda de la Asamblea de Vivienda de Usera, fueron a juicio consiguiendo recuperar la casa. Pero pronto se les quedó pequeña: en ella vivían Alicia, su hijo y su hija, y sus nietos, aún chiquitos. De la mano del movimiento de la vivienda ha visto a lo largo de estos casi veinte años cómo la lucha se ha desplazado de defenderse de desahucios de viviendas en propiedad a enfrentar rentas y cláusulas abusivas por parte de caseros que exprimen a las personas con alquileres cada vez más altos.
Ahora esta mujer de origen peruano que lleva gran parte de su vida en Madrid, ha conseguido una vivienda de alquiler de la Empresa Municipal de Vivienda, tras participar en un sorteo. Esta casa no la puede compartir con nadie más, así que desde ahí, a una hora del piso original donde aún vive su hijo con sus nietos, contempla cómo el resto de la familia se choca contra el mercado inmobiliario: su hija, que se fue a un piso de alquiler, y sus nietos, que ya veinteañeros y trabajando, no consiguen emanciparse con su salario. “Toda persona necesita tener su espacio, ellos ven que no van a poder acceder a una vivienda, si en algún momento quieren formar una familia” lamenta Alicia, pues con sueldos que son siempre insuficientes no pueden comprar ni alquilar. “Es todo muy frustrante”, resuelve.
Mantener la vivienda
A lo largo de sus casi dos décadas como activista del derecho a la vivienda, la socióloga Laura Barrio ha presenciado cómo las cosas se ponían cada vez más difíciles hasta llegar a la situación actual. “Ahora parece que la crisis de vivienda se ha generalizado a las capas medias de la sociedad, a la gente que se levanta cuatro o cinco mil euros todos los meses, las parejas con dos salarios. Pero nosotros llevamos fuera del mercado de la vivienda desde hace 20 años”, apunta.
En las familias biparentales las tensiones derivadas del estrés inmobiliario pueden agravar situaciones de violencia de género
También en esta trayectoria, Barrio ha sido testigo de cómo la situación empeoraba particularmente para las madres de familias monomarentales: “los maridos han ido desapareciendo de las asambleas por arte de magia. Un varón sólo puede seguir cumpliendo sus expectativas de género, siendo funcional, yendo a trabajar y pagando su habitación. Y si tiene niños los ve el fin de semana. Pero una mujer no puede, se le rompe la vida cuando se queda sin vivienda y no le vale cualquier sitio para vivir con sus hijos”. Es más, apunta, en las familias biparentales las tensiones derivadas del estrés inmobiliario pueden agravar situaciones de violencia de género. “Cada vez es más difícil, más caro, poderte separar de cualquier hombre, pero más de un agresor, porque esta situación se convierte en una amenaza: ‘¿A dónde vas a ir sin mí?’ Y es una realidad. No puedes ir a ningún sitio”.
Y es que, recuerda Barrio, más allá de la maternidad, las mujeres ya parten de una situación de desventaja a la hora de acceder a una hipoteca o un alquiler: ahí está la brecha salarial, o los menores salarios de los trabajos feminizados. Cuando tienen personas a las que cuidar, el marco se dificulta aún más “una mujer tiene una carga mental y de responsabilidad mucho más grave, mucho más potente respecto a la vivienda y a las condiciones del hogar”. Como ya explicaba el informe de FAMS, “esa responsabilidad añadida resta tiempo para acceder al mercado laboral”.
Ante esta situación, Barrio destaca la situación de aquellas mujeres que se han visto forzadas a alquilar una habitación y lo que esto supone para ellas. Además de lo difícil que es que te alquilen un cuarto en un piso compartido cuando hay menores en la ecuación, una vez lo consiguen, explica la activista, hay madres que sienten mucho miedo. “A lo mejor tienes que irte a trabajar y dejar la habitación con la puerta cerrada sin acceso al baño, porque no sabes qué otras personas tienen llaves de esa casa, qué otras personas conviven o a quiénes invitan esas personas. Entonces es muy violento y muy angustiante compartir piso cuando tienes hijos pequeños”. Por eso, Barrio considera esencial aplicar la perspectiva de género cuando se habla de alquilar una habitación como solución.
Otra violencia que sufren quienes están expulsadas del mercado inmobiliario es la mediática: “el fenómeno de la vulnerabilidad en el derecho a la vivienda está teñido de criminalización. Hay un señalamiento negativo de las personas que no pagan el alquiler o una hipoteca”
Ante este callejón sin salida existencial, otra violencia que sufren quienes están expulsadas del mercado inmobiliario es la mediática: “el fenómeno de la vulnerabilidad en el derecho a la vivienda está teñido de criminalización. Hay un señalamiento negativo de las personas que no pagan el alquiler o una hipoteca. Muchas veces simplemente no existe la opción de pagarlo”. Ante un discurso estigmatizante y anti okupa en los medios, estas madres sufren: “cuando ves esas noticias piensas, ¿entonces qué hago?, ¿no voy a la farmacia?, ¿no le cambio los zapatos al niño?, ¿me cuelo en el metro para poder tener dinero para el alquiler o qué hago? ¿no compro comida?”. Esta presión sobre gente que no puede poner la calefacción, o que no compra carne porque no le alcanza, es definitivamente violenta y tiene un alto coste psicológico en las familias, denuncia la socióloga.
Recuerda Barrio que hablamos de crisis de vivienda cuando en realidad estamos ante un cambio de paradigma, “un cambio de fase en el capitalismo”. Hace otro matiz: “hablamos de acceso a la vivienda cuando en realidad el problema es de mantenimiento de la vivienda. Nos echan de casa cada cinco años. No tendríamos que estar peleándonos en el mercado de la vivienda todo el rato si no nos echaran de casa. Por eso hay tanta oferta, tanta demanda y tanto lío, porque nos fuerzan a buscar una nueva casa”. Entonces, concluye, con todo no se puede cumplir: “has de elegir a qué desobedecer, si a tus responsabilidades como madre, al autocuidado, a un nivel mínimo de derechos humanos, o a las lógicas del mercado”, así, muchas mujeres se ven en una encrucijada en la que nadie debería estar: “Eso es lo que me parece sumamente injusto”.
Sarah Babiker es colaboradora en contenidos Posibilita, periodista y antropóloga especializada en desigualdad.