Sobre el papel, el mercado es un mecanismo de asignación neutro, en el que los precios se establecen en base a la demanda, y cualquiera con la liquidez para pagar el precio debiera poder hacerse con el bien. En este relato, el único color que ve el mercado es el color del dinero. Pero la realidad revela una foto mucho más sombría: un mercado que reproduce y magnifica las desigualdades sociales preexistentes en el acceso a la vivienda, un derecho fundamental. Para las personas jóvenes, para las que han tenido trayectorias laborales discontinuas, para las familias monoparentales y las separadas, para las personas migradas y en situaciones irregulares, para las que trabajan en la economía informal, para las atrapadas en la trampa de la precariedad, para aquellas con diversidades funcionales (…) para muchas personas, de muy diversa índole, el acceso a la vivienda está lleno de muros invisibles. Estos no están hechos solo de exigencias económicas. También se construyen usando prejuicios y desigualdades basados en el racismo, el colonialismo, el sexismo, o el capacitismo y se cementan con trabas burocráticas. Todos estos obstáculos estructurales con los que el mercado libre de vivienda dificulta el acceso para tantas no operan por separado, sino que interseccionan, incluso antes de cruzar la puerta del banco.
Las barreras en el ahorro
Una de las primeras barreras es la posibilidad de ahorrar el dinero para la entrada y los gastos iniciales. Poder reservar una parte significativa del sueldo mientras se paga un alquiler ya es bastante difícil con un sueldo medio. Entre aquellas personas más afortunadas, este obstáculo a menudo se resuelve con la ayuda familiar, con un traspaso de riqueza entre generaciones. Para la gente que no tiene patrimonio intergeneracional que heredar, cuyas familias están lejos o no están en disposición de hacer esta transmisión, la barrera es simplemente más alta. Las desigualdades en la red de seguridad patrimonial también se visibilizan en forma de avales hipotecarios. Por mucho que una persona tenga una red de amistades y cuidados en la que apoyarse, los bancos requieren que ésta se traduzca en propiedades en las que afianzar la solvencia de un préstamo. Estas barreras se retroalimentan unas a otras, en la medida que la precariedad suele ser un estilo de vida más caro. Por ejemplo, a menudo los alquileres más asequibles son aquellos en zonas de las ciudades más periféricas, con viviendas de peor calidad constructiva y zonas peor conectadas que conllevan mayores costes cotidianos, como los de climatización o de transporte, y por lo tanto merman la renta disponible y la capacidad de ahorro.
Las prácticas oportunistas y depredadoras que suelen emerger alrededor de la combinación de necesidad y falta de protección formal. Un ejemplo son los préstamos informales o créditos basura
Todavía más preocupantes son las prácticas oportunistas y depredadoras que suelen emerger alrededor de la combinación de necesidad y falta de protección formal. Un ejemplo son los préstamos informales o créditos basura. Cada vez es más sencillo pedirlos, casi que nos los ponen a dos clics en desde el móvil, y apenas requieren demostrar ninguna garantía. Pueden ser una solución rápida ante un momento de necesidad o urgencia. Y sin embargo, la letra pequeña es calificable como usura legal, una forma habitual de generar deuda tóxica. Otro ejemplo que sufren las personas en situaciones más graves de desprotección son los cobros de tarifas desorbitadas para poder acceder a trámites burocráticos como el empadronamiento. Esto es un dinero que se expolia por el mero derecho a existir administrativamente, y que de nuevo merma las facultades de ahorro de las personas que ya parten de una posición más difícil.
El techo de cristal en el crédito
Para alguien que tenga la suerte de poder superar el obstáculo del ahorro inicial, llegará a los muros de la banca. Aquí es necesario señalar que, en sus cálculos de riesgos y beneficios, la banca usa algoritmos sesgados y ciegos a la realidad de las personas que no respondan a una norma muy particular, y muy rígida. Llamamos ‘borrón financiero’ al fenómeno por el cual sistema bancario español ignora por completo el historial crediticio construido en otros países. Una persona que llega aquí puede haber tenido un historial impecable durante 30 años, pero la banca la va a tratar como un adolescente financiero sin pasado. Va a tener que reconstruirlo desde cero, pero esta vez en un contexto más hostil. Por otra parte, la banca penaliza las demandas de hipotecas de personas migradas de más de 40 años porque su trayectoria contributiva en el estado es más corta. El algoritmo que calcula su futura pensión a menudo la va a considerar como insuficiente para cubrir la hipoteca, obviando el conjunto de su vida laboral. También podemos hablar de la barrera residencial, en la medida que la banca excluye a las personas con permisos de residencia temporal, independientemente de su estabilidad laboral.
Esta ceguera estructural es particularmente encarnizada con las mujeres, porque no toma en cuenta los periodos de baja dedicados a los cuidados, ni tiene en cuenta la actividad en la economía informal, que ocupa a cantidad de mujeres migradas con ingresos estables, pero solvencia crediticia inexistente. Las instituciones financieras a menudo consideran a las familias monoparentales como alto riesgo de impago, y se traduce en una mayor demanda de garantías en comparación con parejas de un mismo tramo salarial, lo que podemos considerar como una prima de riesgo sobre familias monoparentales, que afecta desproporcionadamente a mujeres.
Barreras no económicas
Incluso con ahorros y teniendo la concesión de un crédito, el mercado “libre” tiene un embudo más por el que pasar, que no es otro que el del racismo. Estudios cualitativos muestran de modo consistente que tanto las agencias inmobiliarias como los propietarios particulares tienden a filtrar y priorizar a las personas interesadas en comprar por sus apellidos, sus acentos, y por su apariencia física. Incluso habiendo podido comprar, para las personas migradas siempre queda una capa de inseguridad jurídica en lo relativo a las herencias internacionales. Es mucha la incertidumbre generada por la complejidad de la gestión de una propiedad entre dos sistemas legales, o por los obstáculos que una va a poder encontrar a la hora de transmitir un bien a hijos u otros familiares y personas cercanas que estén en otro país. Esta niebla legal a menudo desincentiva la compra a favor del alquiler, convirtiendo a la población trabajadora migrada en inquilinos permanentes que transfieren rentas hacia una clase propietaria compuesta mayoritariamente por población local.
La invisibilidad administrativa
Quizá la más insidiosa de todas las barreras es la invisibilidad para el diseño de las políticas públicas que tendrían que poner remedio a todos estos obstáculos. La política pública se sustenta en datos de distinta índole, como puedan ser los registros administrativos o la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV). Sin embargo, las condiciones de vida y las necesidades de la población en situaciones administrativas irregulares no están correctamente recogidas por estas fuentes. La invisibilidad estadística genera el riesgo de que se excluya a estas personas de los beneficiarios potenciales en el diseño de política pública. No podemos solucionar un problema que nos negamos a medir.
Conclusión
Aceptar que el acceso a la vivienda esté regulado por las dinámicas del mercado es aceptar que amplios sectores sociales estén estructuralmente excluidos de la estabilidad residencial, y es apostar por un mecanismo de extracción de rentas de las personas trabajadoras en situaciones menos acomodadas hacia las clases rentistas. Reconocer estas barreras interseccionales es el primer paso hacia poder diseñar soluciones e intervenciones inteligentes y adaptadas a una diversidad de patrones y necesidades. Necesitamos políticas y proyectos que repiensen por completo los mecanismos actuales. Necesitamos una ingeniería financiera capaz de integrar la solvencia informal. Necesitamos estructuras de aval que reconozcan otras redes de solidaridad distintas a la familia. Necesitamos incorporar marcos de funcionamiento que combatan la discriminación estructural. Necesitamos una política de vivienda que sea capaz de ver a toda la población, no exclusivamente a la que fue cortada por un patrón muy específico. Sólo entonces podremos hacer de la vivienda un derecho real, en vez de un privilegio reservado para los que encajan con el algoritmo.
Irene Cruz Gómez es parte del área de pensamiento y Ciencia de Datos Posibilita, Doctora en Sociología y directora de Innovación Metodológica Institut Metròpoli Universidad Autónoma de Barcelona.