Cada mañana, temprano, miles de niñas, niños y adolescentes se despiertan en el país para comenzar una jornada que pasarán en gran medida en un centro educativo. En respuesta al despertador o a la voz más cariñosa o impaciente de sus madres, padres u otras personas adultas, se irán desperezando antes de levantarse, desayunar, asearse, vestirse y dirigirse a su colegio o instituto, autónomamente o en compañía según su edad y la disponibilidad de quienes les cuidan.
En la etapa educativa la casa y el aula son los dos principales escenarios donde se desarrolla la vida. Por lo tanto, resulta casi evidente, que la crisis de vivienda contagie en su enfermedad a la educación de las infancias. Las familias de muchas y muchos de los millones de menores de edad que viven en las distintas ciudades y pueblos viven en alquiler, un régimen habitacional que viene sustituyendo progresivamente al de tenencia, y que tiene un claro sesgo generacional y de origen.
Mientras que las familias con hijos e hijas menores de edad en los últimos años, están en muchos más casos en régimen de alquiler respecto a la generación de sus progenitores, en un país donde el régimen de vivienda en propiedad era claramente mayoritario hasta la burbuja de alquiler. En el caso de las familias migrantes (75%), o las familias monomarentales (79%), la proporción se desvía hacia el alquiler de manera notable. Así, estas niñas, niños y adolescentes se ven sometidas, junto a sus familias, a una inestabilidad habitacional, o incluso el acecho de un posible desahucio, que tiene enormes efectos sobre su vida cotidiana.
Usera es el barrio de Madrid donde más ha subido el alquiler en el último año, y que se enfrenta a un proceso de gentrificación que deriva en la expulsión de muchas de sus vecinas migrantes
“Hablamos de acceso a la vivienda cuando en realidad el problema es de mantenimiento de la vivienda. Nos echan de casa cada cinco años. No tendríamos que estar peleándonos en el mercado de la vivienda todo el rato si no nos echaran de casa. Por eso hay tanta oferta, tanta demanda y tanto lío, porque nos fuerzan a buscar una nueva casa”, explica Laura Barrio, socióloga y activista por el derecho a la vivienda con una larga trayectoria en la PAH de Usera, el barrio de Madrid donde más ha subido el alquiler en el último año, y que se enfrenta a un proceso de gentrificación que deriva en la expulsión de muchas de sus vecinas migrantes, que en muchos casos tienen hijos e hijas a cargo que acuden a los centros educativos.
Para conseguir acceder a la vivienda ante un mercado que las excluye, muchas familias migrantes y en particular muchas madres con sus hijas e hijos no tienen otra salida que alquilar habitaciones con personas ajenas al núcleo familiar, o hacinarse en viviendas con numerosos familiares. Situaciones que inciden negativamente en los estudios al no contar con espacios para estudiar, explica Barrio. En los casos más extremos, las madres se ven forzadas a ocupar viviendas vacías o no pueden dejar sus casas ante subidas de alquiler o de hipoteca: “el fenómeno de la vulnerabilidad en el derecho a la vivienda está teñido de criminalización. Hay un señalamiento negativo de las personas que no pagan el alquiler o una hipoteca. Muchas veces simplemente no existe la opción de pagarlo”, explica la activista.
La angustia que se vive en las casas ante esta situación, repercute en las infancias y adolescencias, algo que empieza a reflejarse en las escuelas. En este mismo barrio de Usera, el CEIP República de Venezuela organizó el pasado febrero una tertulia en el que se invitaba a las familias a abordar la relación entre Educación y Vivienda, en su convocatoria en Instagram, la Comisión de Convivencia del centro explicaba así la cita: “El acceso a la vivienda en nuestros barrios es cada vez más complejo. Vivir en un hogar en condiciones dignas, lejos de ser un derecho, se ha convertido en una aspiración inalcanzable que en ocasiones puede desembocar en situaciones muy complicadas para muchas familias. El impacto que esto tiene en la educación de las más pequeñas de la casa es evidente”.
Hacía tiempo que la cuestión de la vivienda había emergido como una preocupación que afecta al ecosistema de la escuela
Una de las madres involucradas en la comisión, Laura Godino, apunta a que la propuesta se enmarca en la voluntad más amplia de abordar problemas transversales a la comunidad educativa, y que en este sentido, hacía tiempo que la cuestión de la vivienda había emergido como una preocupación que afecta al ecosistema de la escuela: “hay familias que se han tenido que cambiar de barrio y entonces o se han ido del colegio, o están viniendo desde muy lejos. Situaciones que repercuten en que socializas menos, en que las criaturas se quedan menos en el parque, en que los horarios también para conciliación llevan otras dificultades”.
El equipo educativo de la escuela intenta asimismo abordar con el alumnado la situación en sus respectivas viviendas. “Si tú no duermes bien, si hay ruido en tu casa, si compartes cama —todas estas circunstancias que están pasando en torno a la vivienda— al día siguiente habrá criaturas que lleguen al colegio con dificultades ya no por concentrarse sino por mantenerse despiertas”. Para Laura el tejido que se crea en torno a la escuela es un espacio de apoyo mutuo y resistencia que se construye cotidianamente y que se ve amenazado por un sistema que no deja tiempos para juntarse, por ejemplo en el parque tras las clases, porque madres y padres se ven forzados a trabajar muchas horas ante un alquiler que se come parte de sus salarios, o porque tiene que cambiar de centro varias veces.
“No hay vocación docente ni proyecto educativo que logre compensar lo que la crisis de vivienda está destrozando”, explica la orientadora de Educación Secundaria y activista del Sindicato de Inquilinas, Alicia Ríos, en un artículo publicado en el Diario de la Educación. Ríos parte de un caso particular que le sucedió en el desempeño de su trabajo, una alumna que solía ser muy buena estudiante de 3º de la ESO suspendió un examen. Al reunirse con ella averiguó por qué: no tenía libros. Su familia había sido desahuciada esa mañana por la policía, quedándose todas sus pertenencias en la casa, libros de texto incluidos. De ese momento la alumna, junto a su hermana, también estudiante en el centro, no solo se llevaba el trauma de sufrir un desahucio, sino el inicio de un peregrinaje por casas de familiares, cambios de centro y un futuro condicionado por la incapacidad de su familia de acceder a un mercado de vivienda imposible.
En un informe presentado por la Plataforma de la Infancia (POI) a principios de abril, en el que se interpretaban los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida desde un enfoque de Infancia, el equipo de investigación apuntaba que este grupo de edad seguía siendo uno de los más expuestos a la pobreza y a la exclusión con un 33,2 % en esta situación, un 50,8 % en el caso de las niñas y niños que viven en familias monomarentales. Pese a que las niñas y niños de menor edad habían mejorado ligeramente su situación, gracias a las transferencias sociales, era la adolescencia la que marcaba peores indicadores, en un momento vital de un mayor coste económico para las familias -dada la necesidad muchas veces de gastos complementarios en los estudios, ocio, o ausencia de comedores escolares en los institutos- y de una menor inversión de las administraciones, pues las ayudas van reduciéndose a medida que niñas y niños cumplen años.
Adolescentes que cada vez requieren más espacio para su intimidad, y para quienes el grupo de iguales que han tejido a lo largo de sus vidas es fundamental, y que se ven forzadas y forzados a vivir junto a sus familias la ansiedad derivada de la inestabilidad habitacional, a compartir habitaciones con otras y otros miembros de la familia, y a en ocasiones a cambiar de barrio. “En los cuatro años que llevo trabajando en centros educativos públicos de Villaverde, Carabanchel y Orcasitas (Madrid capital), puedo asegurar que la gran mayoría de casos atendidos han estado atravesados por una dificultad relacionada con la vivienda que afectaba al alumno y a su familia. No podía explicar ‘el problema’ del alumno sin reconocer el hecho de que esa unidad familiar no contaba con un lugar adecuado, seguro y estable en el que vivir”, desarrolla en su artículo Ríos.
En efecto, el informe de POI achaca a la crisis de la vivienda en gran parte la persistente pobreza infantil que aqueja el país. Además, la expulsión progresiva de los barrios, lleva a muchas familias a tener que vivir fuera de las ciudades, en poblaciones medianas, donde ahora se ha incrementado los índices de riesgo de pobreza y exclusión que aquejan a niños, niñas y adolescentes que han debido trasladarse con sus familias. La vida en poblaciones lejanas a servicios y oportunidades laborales, obliga a las familias a grandes desplazamientos, tanto para acudir a centros educativos como para acceder al trabajo, lo que repercute también en el tiempo que las madres y padres pueden dedicar a sus hijas e hijos.
“Las dificultades actuales para acceder a una vivienda también implican encontrar casos de alumnado inmerso en un clima familiar tenso e incluso violento con parejas que no pueden permitirse separarse” Alicia Ríos
“En un instituto de Carabanchel o Villaverde podemos encontrar alumnado que viene a diario desde pueblos de Toledo, pasando hasta dos horas de transporte público para acudir al centro”, explica en este sentido Ríos en su artículo, en el que también alude a las consecuencias de esta situación en la salud mental del alumnado, que en muchos casos debe enfrentarse también a un endurecimiento de la vida familiar: “Las dificultades actuales para acceder a una vivienda también implican encontrar casos de alumnado inmerso en un clima familiar tenso e incluso violento con parejas que no pueden permitirse separarse”.
La activista por el derecho a la vivienda defiende en el artículo la creación de un protocolo de actuación para centros educativos en la crisis de vivienda. Un documento que se publicó en noviembre de 2025, y que cuenta con la experiencia de profesorado implicado en la lucha por el derecho a la vivienda, como es su caso, y en el que proponen que escuelas e institutos sean un espacio de acompañamiento y comprensión ante las situaciones que pueda vivir alumnado o profesorado ante la crisis de vivienda, e invitan a los centros a hacer de puente entre las familias y el sindicato de inquilinas.
En Catalunya, unos meses antes y bajo el mismo lema: “Sin Vivienda no hay Educación”, la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH), el Sindicato de Inquilinas y la CGT hacían público su propio Protocolo aplicado a los desahucios. “En Cataluña, el 70% de los desahucios implican a infantes, poniendo en riesgo su derecho a la educación. Ante esta realidad, el protocolo busca unificar la respuesta de los centros educativos y proporcionar herramientas para detectar y acompañar a las familias afectadas”, explicaban desde la organización. El rol de tutoras y tutores para detectar situaciones de riesgo, en un marco de colaboración con el resto del equipo, apostando por una respuesta colectiva por parte de los centros.
Sarah Babiker es colaboradora en contenidos Posibilita, periodista y antropóloga especializada en desigualdad.