Si hablamos de soluciones para la crisis de la vivienda, la primera no es técnica ni urbanística. No empieza por los metros cuadrados ni por los índices de precios. Empieza por un cambio de paradigma. Porque concebir la vivienda de otro modo implica reestructurar el sistema que la produce. Implica reconocer que el problema no es solo el mercado inmobiliario, sino la forma en que organizamos el trabajo, los cuidados y el valor social de las distintas etapas de la vida. Hoy la vivienda está pensada para el individuo autónomo (presumiblemente varón), asalariado y permanentemente disponible para producir. Ese modelo —propio de un tardocapitalismo acelerado y profundamente individualista— deja fuera algo esencial: que nadie es autosuficiente y que todas las vidas atraviesan etapas de dependencia, cuidado y vulnerabilidad. Si no cambiamos esa lógica, cualquier medida será insuficiente.
Durante décadas, el sistema económico ha organizado la vida social en torno a la etapa considerada “productiva”: el empleo asalariado y la generación de ingresos. Todo lo que queda fuera de ese marco —la infancia, la vejez, la enfermedad, el cuidado cotidiano— se percibe como una carga privada. Sin embargo, como han explicado economistas feministas como Nancy Fraser y Silvia Federici, el capitalismo depende estructuralmente del trabajo reproductivo que sostiene la vida. Cuidar, alimentar, educar, acompañar, limpiar, sostener emocionalmente. Sin ese trabajo invisible, no existiría ningún trabajador “productivo”.
La economista Amaia Pérez Orozco lo formula con la metáfora del trabajador champiñón: ese adulto que parece surgir cada mañana listo para producir, como si hubiera crecido solo, sin infancia, sin cuidados, sin enfermedad. Una ficción. Detrás de cada adulto productivo hay años de cuidados y redes invisibles. El problema es que nuestras instituciones —y el mercado de la vivienda en particular— están diseñadas para ese trabajador imaginario, no para las personas reales. Aquí aparece una dimensión clave: el adultocentrismo y el edadismo. Nuestra organización social prioriza la etapa adulta productiva y relega tanto la infancia como la vejez. Las criaturas no son plenamente consideradas como sujetos de derechos en el diseño urbano y habitacional; se las trata como anexos de los adultos. Las personas mayores, por su parte, quedan asociadas a dependencia o gasto.
Las ciudades no están pensadas para la crianza ni para la vida intergeneracional. Las viviendas se diseñan para unidades aisladas, no para redes de apoyo. A esto se suma otro supuesto profundamente arraigado: que la unidad básica de convivencia es la familia nuclear heterobiparental
Este enfoque tiene consecuencias materiales. Las ciudades no están pensadas para la crianza ni para la vida intergeneracional. Las viviendas se diseñan para unidades aisladas, no para redes de apoyo. A esto se suma otro supuesto profundamente arraigado: que la unidad básica de convivencia es la familia nuclear heterobiparental. Muchas políticas públicas, normas urbanísticas e incluso diseños arquitectónicos siguen organizándose alrededor de ese modelo. Sin embargo, la realidad social es mucho más diversa. Existen familias monomarentales, redes de amistad que comparten crianza, hogares intergeneracionales o convivencias elegidas que no encajan en ese esquema.
Pensar la vivienda desde un cambio de paradigma implica también reconocer esa diversidad. La familia puede ser una madre, su criatura y una amiga; puede ser una red de vecinas; puede ser una convivencia elegida. Si las formas de vincularnos cambian, también deben cambiar las formas de habitar. Y en un sistema de jornadas extensas y vidas aceleradas, incluso para dos personas adultas la crianza resulta difícilmente sostenible sin comunidad. Aquí es donde el cambio de paradigma se vuelve estructural: sin lo colectivo, la vida es inviable. El individualismo exacerbado no solo fragmenta vínculos; hace imposible sostener la crianza, el cuidado y el envejecimiento con dignidad.
Por eso, poner los cuidados en el centro no es una consigna simbólica. Significa reconocer que todas las etapas vitales —infancia, adultez, vejez— tienen el mismo nivel de dignidad y derechos. Significa diseñar políticas, ciudades y viviendas que favorezcan lo comunitario, lo intergeneracional y lo compartido. Pero el cambio de paradigma necesita políticas públicas que lo acompañen. España cuenta con un parque de vivienda social en alquiler muy reducido en comparación con otros países europeos. Según datos citados por Provivienda a partir del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, existen alrededor de 318.000 viviendas públicas de alquiler social, una proporción muy pequeña del total del parque residencial. Sin alternativas públicas suficientes, el mercado se convierte en la única vía de acceso, y esa vía no es neutral.
Regular el precio del alquiler, sobre todo en zonas tensionadas, ampliar de forma sostenida el parque público y reforzar las garantías frente a la discriminación no son medidas accesorias: son herramientas básicas para garantizar el derecho a la vivienda
Regular el precio del alquiler, sobre todo en zonas tensionadas, ampliar de forma sostenida el parque público y reforzar las garantías frente a la discriminación no son medidas accesorias: son herramientas básicas para garantizar el derecho a la vivienda. Hay además ámbitos donde la conexión entre vivienda y desigualdad se vuelve especialmente evidente. Uno de ellos es la violencia de género. Numerosos estudios muestran que la falta de vivienda estable es uno de los principales obstáculos para abandonar situaciones de violencia. Sin alternativa habitacional, la salida se vuelve materialmente inviable.
En este contexto, el enfoque Housing First, desarrollado inicialmente en Estados Unidos y extendido en Europa, plantea una idea sencilla: primero vivienda estable, después acompañamiento social según las necesidades. Redes como Housing First Europe Hub han impulsado adaptaciones con perspectiva de género, reconociendo que muchas trayectorias de exclusión femenina están vinculadas a violencia y responsabilidades de cuidado. La evidencia indica que sin vivienda segura es muy difícil reconstruir una vida autónoma. Junto a la intervención pública, existen experiencias que muestran que la vivienda puede organizarse de otra manera.
En Barcelona, la cooperativa La Borda desarrolla vivienda en cesión de uso bajo propiedad colectiva, combinando estabilidad habitacional y vida comunitaria. En Estados Unidos y Reino Unido, los Community Land Trusts retiran el suelo del mercado especulativo para asegurar que la vivienda siga siendo asequible a largo plazo. En Uruguay, la federación cooperativa FUCVAM lleva décadas desarrollando vivienda mediante sistemas de ayuda mutua y propiedad colectiva.
Las corralas de vecinas, donde la proximidad y la vida compartida generan redes cotidianas de apoyo. Para muchas familias —y especialmente para las monomarentales— estos espacios permiten construir una crianza más amable y menos aislada, basada en la ayuda mutua
También existen formas de convivencia más cercanas a nuestras tradiciones urbanas, como las corralas de vecinas, donde la proximidad y la vida compartida generan redes cotidianas de apoyo. Para muchas familias —y especialmente para las monomarentales— estos espacios permiten construir una crianza más amable y menos aislada, basada en la ayuda mutua. En ellos aparecen otras figuras de referencia para las criaturas: vecinas, amigas, personas cercanas que amplían el círculo de cuidados más allá de la madre.
Todos estos modelos comparten una idea fundamental: la vivienda no es solo un activo financiero; es una infraestructura social. La crisis de la vivienda no es inevitable. Es el resultado de decisiones políticas y culturales. Y por tanto puede transformarse desde decisiones diferentes. Pero ninguna regulación será suficiente si seguimos organizando la vida alrededor del individuo productivo y aislado. La verdadera transformación pasa por reconocer que la vida es interdependiente.
Lo público, lo colectivo y lo comunitario no son añadidos románticos al debate habitacional. Son la condición de posibilidad para sostener todas las etapas vitales. Sin comunidad, la crianza es inviable. Sin red, el cuidado se convierte en agotamiento. Sin vivienda estable, la autonomía es una ficción. Poner la vida en el centro implica asumir que la vivienda no es un privilegio de quien produce más, sino un derecho básico para sostener la existencia compartida. Y ese, más que un ajuste de mercado, es un cambio de paradigma.
Bea Merchán es colaboradora contenidos Posibilita, socióloga e investigadora feminista, activista y divulgadora sobre maternidades monomarentales, disidentes y precarizadas. Escribe en El Salto Diario y plataformas online