Hay maternidades que no solo son precarizadas: son vigiladas. No porque ejerzan la crianza de forma negligente, sino porque no encajan en el modelo de maternidad que el sistema considera legítimo. Madres monomarentales, mujeres víctimas de violencia de género, madres migrantes o racializadas, mujeres en contextos de exclusión severa o en circuitos de prostitución comparten una experiencia común: la sospecha permanente. Y en esa sospecha, la vivienda desempeña un papel central.
La violencia habitacional no es un problema colateral en la vida de estas maternidades. Es un dispositivo de control institucional. La falta de vivienda estable —o de una vivienda considerada “adecuada”— aparece una y otra vez como argumento en informes técnicos, seguimientos sociales y procesos de intervención. No se acusa directamente a estas madres de maltrato ni de desatención. Se las coloca en una posición de riesgo por no cumplir con un estándar material que el propio sistema les niega. En el Estado español, más de 50.000 mujeres con protección policial por violencia de género son madres con menores a cargo, según datos del sistema VioGén. Muchas de ellas no acceden a una vivienda estable tras salir de la violencia. España tiene uno de los parques de vivienda social más bajos de Europa, lo que obliga a estas mujeres y a sus hijas e hijos a transitar por recursos temporales, alojamientos de emergencia o situaciones de inestabilidad prolongada.
La falta de alternativas habitacionales obliga a muchas mujeres a permanecer con sus agresores o a aceptar condiciones indignas. La violencia no termina cuando se rompe la relación; se desplaza al terreno institucional
Esta precariedad no se interpreta como una consecuencia estructural de la violencia machista, sino como una debilidad individual. En lugar de garantizar vivienda, se evalúa la capacidad materna. En lugar de ofrecer recursos, se abren expedientes. La vivienda, que debería ser un derecho, se convierte en un criterio de sospecha. Numerosos informes y organizaciones sociales llevan años alertando de esta paradoja: la falta de alternativas habitacionales obliga a muchas mujeres a permanecer con sus agresores o a aceptar condiciones indignas. La violencia no termina cuando se rompe la relación; se desplaza al terreno institucional.
En los últimos años han salido a la luz casos especialmente duros. En Cataluña, el arrancamiento de un recién nacido a una mujer víctima de violencia de género (2025) puso el foco en cómo los informes previos se apoyaban, entre otros factores, en la falta de vivienda propia. No se cuestionaba el vínculo ni el cuidado, sino la situación material de la madre. En Madrid, el caso de Villaverde (2026) evidenció otra grieta del sistema. Las hijas de una mujer asesinada por violencia machista se enfrentaron al desahucio de la vivienda familiar por una deuda previa al crimen. No fueron desahuciadas por ser víctimas, sino a pesar de serlo: ninguna administración detuvo el procedimiento ni incorporó la situación de vulnerabilidad generada por el asesinato, pese a existir una sentencia firme. La pérdida de la madre, principal sostén económico y de cuidados, abrió un proceso de precarización que el sistema permitió profundizar, esta vez en forma de expulsión residencial.
Estos casos no son excepciones aisladas. Son expresiones visibles de una lógica más amplia: cuando la maternidad se ejerce desde la precariedad, el Estado no acompaña, tampoco subsana, controla. No hace falta llegar a una retirada de custodia para que la violencia institucional opere. La simple intervención de los servicios sociales —una visita, un seguimiento, un informe— ya transforma la experiencia de maternar. Muchas madres aprenden a andarse con cuidado: qué decir, qué no decir, cómo comportarse, cómo justificar cada decisión. Este control no se ejerce de igual manera sobre todas las maternidades. La falta de vivienda, el origen migrante, la racialización o la pobreza aumentan exponencialmente la probabilidad de intervención. Los datos europeos lo confirman: informes de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea muestran que la pobreza y la condición migratoria están sobrerrepresentadas en los sistemas de protección infantil de distintos países.
Cuando esa figura desaparece —por encarcelamiento, enfermedad o violencia—, el primer efecto no es simbólico ni secundario: las condiciones materiales de vida de las criaturas se deterioran de forma inmediata, y la vivienda se convierte en el principal punto de vulnerabilidad
En España, la ausencia de datos desagregados dificulta el debate público, pero los informes autonómicos y la experiencia de colectivos sociales apuntan en la misma dirección: las maternidades empobrecidas son leídas como riesgo antes que como sujetas de derechos. La violencia habitacional no se detiene siquiera cuando la madre ha sido asesinada. Hijas e hijos de víctimas de violencia machista quedan a menudo en un vacío institucional: cambios de domicilio forzados, pérdida de vivienda, desarraigo. La protección no está garantizada de forma automática, y el acceso a recursos depende de trámites, interpretaciones y decisiones administrativas. Esta realidad enlaza con otras maternidades atravesadas por procesos de exclusión y control institucional: mujeres presas, mujeres con problemas de salud mental o mujeres sin red familiar. En muchos de estos casos se trata de maternidades monomarentales en las que la madre asume en solitario el sostén económico y los cuidados cotidianos. Cuando esa figura desaparece —por encarcelamiento, enfermedad o violencia—, el primer efecto no es simbólico ni secundario: las condiciones materiales de vida de las criaturas se deterioran de forma inmediata, y la vivienda se convierte en el principal punto de vulnerabilidad.
En el caso de las mujeres presas en España, distintos estudios de Instituciones Penitenciarias y análisis del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer coinciden en señalar que una proporción mayoritaria de las mujeres encarceladas ha sufrido previamente violencia machista o sexual. Estas trayectorias de violencia no desaparecen con el ingreso en prisión: se traducen en la ruptura del sostén económico y doméstico que la madre venía sosteniendo, a menudo en condiciones de alta precariedad. En un contexto de encarecimiento sostenido de la vivienda, la ausencia de esa figura coloca a las criaturas en una situación de riesgo real de pérdida del hogar, no como una excepción, sino como una consecuencia previsible de un sistema que no articula protección ni reparación.
La maternidad no debería ser un espacio de miedo ni de autocensura. La vivienda no debería ser una condición para merecer a tus hijas o hijos. Y la protección institucional no debería parecerse tanto al castigo.
Nada de esto tiene que ver con la protección real de la infancia. Cuando existe maltrato o abuso, la intervención es necesaria. El problema es que la pobreza y la precariedad habitacional se están utilizando como atajos para justificar controles que podrían evitarse con recursos adecuados. Las maternidades disidentes no están fallando, lo que falla es un sistema que convierte la vivienda en un privilegio, la crianza en un examen permanente y la protección en una amenaza. Mientras no se garantice el acceso real a una vivienda digna —especialmente para madres con criaturas a cargo—, los servicios sociales seguirán funcionando, demasiadas veces, como engranajes de vigilancia y disciplinamiento. Nombrar esta violencia no es exagerar: es poner palabras a una realidad cotidiana. La maternidad no debería ser un espacio de miedo ni de autocensura. La vivienda no debería ser una condición para merecer a tus hijas o hijos. Y la protección institucional no debería parecerse tanto al castigo.
Bea Merchán es colaboradora contenidos Posibilita, socióloga e investigadora feminista, activista y divulgadora sobre maternidades monomarentales, disidentes y precarizadas. Escribe en El Salto Diario y plataformas online.