El sistema de acceso a la vivienda en el contexto español se ha basado históricamente en la propiedad privada, y la política pública se ha basado en concebir este bien de primera necesidad no solamente como un techo, sino también como la principal forma de ahorro e inversión de las familias (y posteriormente de grandes inversores). Que la vivienda sea una forma de inversión a largo plazo, hace central la necesidad de revalorización para la rentabilidad. Todo ello lleva al escenario que encontramos actualmente: se ha transformado fundamentalmente la función de la vivienda, en vez de ser un derecho social se ha convertido un bien especulativo. A efectos prácticos, estas dinámicas de mercado han creado un desajuste entre la evolución de los precios y la realidad salarial de la ciudadanía.
Los datos de distribución salarial y del índice de precios del alquiler (en el Instituto Nacional de Estadística) muestran que los costes del alquiler se han disparado en comparación a los sueldos, lo que significa que todo aumento del poder adquisitivo se ha ido directamente a la caja de los arrendadores. Pero la situación es mucho más crítica en el mercado de compra: según Idealista, el precio medio del metro cuadrado de vivienda ha aumentado un 16% solo en 2025, mientras que el precio medio de las transacciones inmobiliarias de vivienda libre ha aumentado un 53% en la última década (según fuentes ministeriales). Ante estas presiones, la política pública se ha mostrado insuficiente: el parque de vivienda social es muy residual, moviéndose entre el 1,7% y el 2,5% del total (cifra muy anecdótica en comparación con el entorno europeo). Como resultado, el acceso a la vivienda depende fundamentalmente del mercado «libre», un escenario que no solo perpetúa las desigualdades económicas pre-existentes, sino que reproduce activamente las lógicas discriminatorias y los sesgos de exclusión social ya presentes en el mercado laboral.
La problemática es doble. Por un lado, el coste del alquiler drena la capacidad de ahorro mensual necesaria para la entrada de una vivienda. Por otro, las entidades financieras aplican criterios de riesgo estrictos respecto a los plazos de amortización: conceder hipotecas a 30 años deja de ser viable al acercarse a los 45 o 50 años de edad.
Dentro de este contexto, la atención mediática y las políticas de vivienda tienden a focalizarse en la juventud. Pero hay un punto ciego con respecto a un segmento demográfico clave: la población entre 40 y 60 años, quienes representamos a uno de cada tres ciudadanos. La franja más joven de este colectivo compartimos una trayectoria generacional marcada por la incorporación al mercado laboral en el entorno de la crisis de 2008, coyuntura que limitó drásticamente la capacidad de ahorro inicial y hoy plantea una encrucijada financiera condicionada por la edad. La problemática es doble. Por un lado, el coste del alquiler drena la capacidad de ahorro mensual necesaria para la entrada de una vivienda. Por otro, las entidades financieras aplican criterios de riesgo estrictos respecto a los plazos de amortización: conceder hipotecas a 30 años deja de ser viable al acercarse a los 45 o 50 años de edad. Esto plantea un riesgo estructural a largo plazo: la posibilidad real de que una gran proporción de dos generaciones alcancemos la edad de jubilación en régimen de alquiler, afrontando precios de mercado con pensiones que difícilmente podrán cubrirlos.
Los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV-2024) son elocuentes: existen 1,9 millones de hogares en España que destinan más del 40% de sus ingresos totales a pagar el coste de la vivienda, lo que engloba a 3,7 millones de personas. Dentro de este grupo que se encuentra bajo estrés económico, el 69,3% vive en alquiler. Se da la paradoja de que, en muchas zonas de territorio, la mensualidad del alquiler supera la cuota hipotecaria teórica para un inmueble similar. Sin embargo, la mayor fricción del sistema no recae solo en el precio mensual, sino también en la barrera de entrada. Nos encontramos ante hogares con solvencia de flujo (que pueden pagar la mensualidad) pero sin solvencia de stock (que no disponen de los 40.000 o 50.000 euros que podría costar una entrada). El mercado de compra expulsa a estos perfiles no por su incapacidad de pago mensual, sino por una ineficiencia en el diseño del acceso al crédito, generando una trampa de liquidez que perpetúa el alquiler forzoso.
Estas problemáticas afectan de forma transversal a aquellas personas dentro de una misma cohorte generacional y extracción social. La dependencia casi exclusiva en el mercado para el acceso a la vivienda actúa como efecto multiplicador de las desigualdades previas, y entramos a competir en un mercado que penaliza esas desigualdades de partida. En este contexto, la noción de brecha salarial adquiere una relevancia crítica. Entendida como la diferencia estructural en la remuneración entre hombres y mujeres, esta brecha se sitúa hoy en España en torno al 19%. Esta cifra implica que, en términos de capacidad económica anual, las mujeres comienzan a trabajar “gratis” a partir del 24 de octubre. Este diferencial de ingresos impacta directamente en la solvencia y capacidad de ahorro necesarias para acceder a un hogar, por lo que constituye el eje central sobre el que busca incidir nuestro proyecto.
El pool potencial de usuarias de un proyecto como Posibilita se estima (a partir de los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2024) en 7,9 millones de mujeres dentro de la franja de edad de 40 a 60 años, o en familias monomarentales de cualquier edad.
El pool potencial de usuarias de un proyecto como Posibilita se estima (a partir de los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2024) en 7,9 millones de mujeres dentro de la franja de edad de 40 a 60 años, o en familias monomarentales de cualquier edad. Entre éstas, son 1,2 millones las que además son activas, están ocupadas, tienen un rango salarial entre los 1.300 y los 2.400 euros mensuales (en 12 pagas) y viven en una vivienda que no es de propiedad, ya sea pagada o cedida. Dentro de estos 1,2 millones de mujeres que encajan en el perfil potencial de Posibilita, el 48% vive en parejas con hijos, y el 52% en otras estructuras, como viviendas intergeneracionales o multi-hogar (20,4%), parejas sin hijos (11,2%), hogares unipersonales (10,5%) o familias monomarentales (6,8%).
Ante las barreras estructurales que presenta el mercado para la compradora individual, nuestra iniciativa propone un cambio de estrategia: transitar de la negociación atomizada a la gestión colectiva de la solvencia. La agregación de miles de perfiles con ingresos estables situados en la horquilla de 15.600 a 28.800 euros anuales no debería leerse como una suma de vulnerabilidades, sino como la acumulación de un flujo de caja masivo, predecible y de bajo riesgo para las entidades financieras y los fondos de inversión de impacto social.
Este proyecto no requiere esperar a la construcción de obra nueva, un proceso lento y costoso, sino que se enfoca en la movilización eficiente del stock residencial existente. A través de la intermediación profesionalizada y la negociación colectiva, vemos posible desbloquear las condiciones hipotecarias inalcanzables a título individual y activar viviendas actualmente fuera del mercado. El objetivo es operar una ingeniería financiera con impacto social: sustituir el perfil de riesgo individual por la seguridad que otorgan los grandes números, transformando a inquilinas solventes en propietarias estables mediante modelos de cooperación privada y gestión sin ánimo de lucro especulativo.
Facilitar el acceso a la propiedad a las mujeres no es ‘ideología de género’, es inteligencia de mercado aplicada a una demanda solvente e ignorada y una estrategia de sostenibilidad económica a largo plazo.
El análisis de los datos confirma una realidad optimista: existe una demanda real y existe la capacidad de pago. El reto para un proyecto como Posibilita recae en la ausencia de instrumentos que conecten ambas orillas. Nuestra iniciativa busca establecerse como ese puente necesario. Facilitar el acceso a la propiedad a las mujeres no es ‘ideología de género’, es inteligencia de mercado aplicada a una demanda solvente e ignorada y una estrategia de sostenibilidad económica a largo plazo. Facilitar hoy el acceso a un patrimonio inmobiliario es la herramienta más eficaz para complementar y garantizar el bienestar futuro de una generación, asegurando que la jubilación, la brecha salarial y las discriminaciones del mercado no sean sinónimo de exclusión habitacional.
Irene Cruz Gómez es parte del área de pensamiento y Ciencia de Datos Posibilita, Doctora en Sociología y directora de Innovación Metodológica Institut Metròpoli Universidad Autónoma de Barcelona.